El presidente Javier Milei y su gobierno vuelven a demostrar que la prioridad es el ajuste fiscal antes que la justicia social y el bienestar de los jubilados. Esta semana, en una clara muestra de intransigencia, el vocero presidencial Manuel Adorni adelantó que vetará cualquier iniciativa previsional que la oposición intente aprobar en el Congreso si considera que pone en riesgo el “equilibrio fiscal” que el oficialismo busca sostener a toda costa.

El anuncio se realizó justo antes de que la sesión en la Cámara de Diputados se cayera por falta de quórum, producto de la dispersión opositora, pero la amenaza presidencial es una señal más del cerrojo que el Ejecutivo impone sobre las demandas sociales.

Adorni defendió el veto argumentando que el sistema jubilatorio actual está “defaulteado, quebrado y destruido”, y que cualquier mejora debe venir necesariamente de un aumento salarial, en un esquema en el que “los trabajadores activos sostienen a los pasivos”. Con un discurso que evade responsabilidades y carga contra las luchas sociales, el vocero afirmó que “no hay realismo mágico” ni atajos para mejorar las jubilaciones, y que la única salida es un supuesto “círculo virtuoso” basado en la inversión y el crecimiento, que en los hechos se demora y parece esquivo para millones.

Mientras tanto, la oposición intentaba dar tratamiento a proyectos que buscan prorrogar la moratoria previsional y aumentar el bono para jubilados, medidas que alivian el deterioro del poder adquisitivo. Sin embargo, bloques como el PRO, aunque con ciertas diferencias internas, se alinean mayormente con la postura del oficialismo de evitar aumentos que comprometan las cuentas fiscales.

En números concretos, el sistema ajusta las jubilaciones mínimas mensualmente por inflación, pero el bono de 70.000 pesos permanece congelado desde diciembre de 2023, limitando la mejora real de los haberes. Según análisis independientes, las jubilaciones mínimas reales cayeron un 4,7% desde finales de 2023 y acumulan una pérdida interanual del 3,4%, reflejo de un sistema que no solo no protege, sino que empobrece a sus beneficiarios.

El Gobierno insiste en mantener un modelo previsional que ajusta por inflación pero sin recuperar el salario real ni garantizar condiciones dignas para los jubilados. La negativa a debatir medidas urgentes y la amenaza constante de veto dejan claro que el único “equilibrio” que les importa es el fiscal, mientras la mayoría de los jubilados siguen perdiendo poder adquisitivo y calidad de vida.