La política de apertura económica impulsada por Javier Milei está llevando a la industria nacional a una crisis profunda e irreversible. Bajo el pretexto de eliminar “gastos ineficientes”, el Gobierno oficializó la eliminación de programas estatales de apoyo a las pymes, dejando a uno de los sectores más vulnerables sin ninguna protección.

Los datos son contundentes: desde la asunción de Milei, cerraron cerca de 12.000 empresas y la producción industrial cayó un 10% en un año. El aumento del 37,3% en las importaciones solo ahoga aún más a las pymes, que no pueden competir con la avalancha de productos extranjeros que inundan el mercado.

El escenario es dramático. Las pymes, muchas al borde del cierre, se ven obligadas a rematar maquinaria para sobrevivir o directamente bajar las persianas. La demanda de tasaciones para ventas de maquinaria creció un 50% en 18 meses, y entre el 70% y 80% de esas operaciones son resultado de cierres definitivos.

La destrucción del aparato productivo no es solo un dato estadístico: se traduce en la pérdida de miles de empleos. Según Industriales Pymes Argentinos, la industria perdió casi 28.000 puestos formales de trabajo en el último año, mientras la construcción dejó sin trabajo a casi 30.000 personas.

El informe del CEPA añade otro dato demoledor: la desaparición de 13.111 empleadores en menos de dos años, un golpe brutal al sector pyme que representa el 99,7% del tejido productivo nacional.

Este escenario revela con crudeza la irresponsabilidad y falta de visión del Gobierno nacional, que prioriza la apertura comercial y el ajuste por sobre la defensa de la industria y el trabajo argentino. Mientras las pymes se desangran, el Ejecutivo mira para otro lado y apuesta a la desindustrialización.