El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, anunció este martes una dura reestructuración que implica la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos a subsecretaría, acompañada de recortes que alcanzan el 40% de la estructura y el 30% del personal, en un contexto social complejo y con crecientes demandas de protección y garantía de derechos.

El vocero presidencial y flamante legislador porteño, Manuel Adorni, fue el encargado de comunicar la medida en la conferencia de prensa semanal, justificándola como una “mejora en la estructura, funcionamiento y sustentabilidad del Estado” y resaltando que esta reducción implica un “ahorro de 9.000 millones de pesos anuales”. En sus declaraciones, además, señaló que la nueva subsecretaría “se encargará de garantizar todos los Derechos Humanos y no de defender un sector ideológico partidario”, una frase que evidencia un claro desdén por las luchas históricas y las reivindicaciones sociales que atraviesan el país.

Desde el Ministerio de Justicia, conducido por Mariano Cúneo Libarona, se detalló además que habrá una reducción del 50% en los cargos jerárquicos y direcciones vigentes, y que ya fueron despedidos 405 empleados “militantes”, equivalentes al 44% del personal recibido en la gestión anterior. Esta política de ajuste y achique llega en un momento en que la defensa de los derechos humanos debería fortalecerse, no debilitarse, ante las crecientes violaciones y la precarización social.

En un marco aún más preocupante, el Gobierno unificó el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo de Sitio ESMA bajo la coordinación del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), lo que despierta incertidumbre sobre la autonomía y el carácter crítico de estas instituciones fundamentales para la memoria y la justicia.

Desde el Poder Ejecutivo remarcan que “cada peso que se ahorra nos permite seguir bajando impuestos”, mostrando su clara prioridad: el ajuste económico antes que la protección de los derechos y la garantía de la memoria histórica.

Esta medida se suma a una serie de decisiones que evidencian la desidia oficial hacia las políticas de derechos humanos, en un retroceso que pone en riesgo la vigencia de conquistas sociales que costaron décadas de lucha.