El escándalo político crece: la provincia de Buenos Aires evalúa denunciar penalmente a la SIDE por realizar tareas de inteligencia prohibidas contra referentes de la oposición, gremios y organizaciones sociales. Así lo confirmó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, tras la publicación de un informe del periodista Hugo Alconada Mon que revela seguimientos ilegales a dirigentes como Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa, y también a figuras de Juntos por el Cambio como Facundo Manes y Néstor Grindetti.

“Estamos analizando presentar una denuncia penal por espionaje ilegal”, declaró Bianco. Y fue más allá: advirtió que las maniobras violan directamente el artículo 4 de la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe expresamente recolectar datos por razones políticas o sociales.

Pero ese no es el único frente de conflicto. La provincia también reclama una deuda de $12,1 billones que el Gobierno nacional mantiene con Buenos Aires, dividida entre transferencias congeladas, obras públicas paralizadas y programas discontinuados.

Este martes, la fiscalía de Estado bonaerense presentará una demanda ante la Corte Suprema para exigir que la Nación pague los 1,6 billones de pesos adeudados al sistema previsional provincial. “Queremos que la Corte fije una audiencia, como lo hizo con Córdoba y Santa Fe”, dijo Bianco.

Espionaje político y deuda impaga: la tensión entre Nación y Provincia escala a niveles judiciales, con denuncias que podrían abrir otra crisis institucional para el gobierno de Javier Milei.